Una aerolínea rechaza de azafata a una transexual

Un solo día duraron las prácticas como técnica de operaciones aeroportuarias (azafata de tierra) de Lorena González. La mujer, de 45 años y española de origen colombiano, recibió tras su primera jornada una llamada de la Escuela Superior de Aeronáutica en la que le comunicaron, según su relato, que la aerolínea donde iba a trabajar un mes gratis la había rechazado “porque creían que era un hombre”. González no sabe aún cómo se enteraron de su condición. “Acabé mi proceso de reasignación de sexo hace unos 10 o 15 años, y una no se opera para ir pegando grititos o llamando la atención. Tengo los papeles de mujer. He trabajado de auxiliar de clínica y he hecho cursos de guarda de seguridad, de todo para trabajar”, relata. El de azafata era su último intento para estabilizar su vida laboral. El curso duraba casi un año —10 meses— y, al terminarlo, la escuela ofrecía un mes de prácticas no pagadas en alguna aerolínea. “Ocho horas al día incluidos sábados y domingos con un día de libranza entre semana”, cuenta. De los 16 de la clase —10 mujeres, 6 hombres— todos las están haciendo ya. Todos, menos ella. El curso le costó 4.200 euros. González empezó esta última parte de su formación el 3 de septiembre en Turkish Airlines. “Al día siguiente me llamó Manuel Tenorio, responsable de prácticas de la escuela, y me dijo que Turkish le había llamado y le había dicho que yo daba mala imagen, que creían que era un hombre”, cuenta González. “Si eso le dijeron, conmigo se equivocan; no me han visto”, relata la mujer. “Tenorio me dijo que me sincerara, y me preguntó si era un hombre. Yo le dije: ‘Que yo sepa, no”. Este periódico ha intentado hablar por teléfono con el director de la escuela, Fernando Gómez, y le ha escrito un correo por indicación de una persona que atendió la llamada, pero no ha recibido respuesta. Turkish ha negado por correo electrónico que haya existido ninguna discriminación. Trabajamos “con personas de todas las culturas, edades, razas y condición sexual, un pilar básico en el éxito de la línea área”, escribe Evelyne Hollands, su jefa de comunicación. “En el caso de Lorena no ha existido ningún tipo de discriminación, puesto que Turkish Airlines ha realizado el examen de los candidatos a las prácticas en la empresa, en condiciones de igualdad según los requisitos técnicos para cualquier aprendiz”, contesta. Pero el caso no quedó ahí. González, que se declara activista, llevó el caso a varios medios digitales (change.org, dosmanzanas.com). Esto le ha supuesto que la escuela le haya escrito un correo electrónico para decirle que por las “publicaciones difamatorias”, habían decidido no darle más prácticas. “El contrato dice que tengo derecho a ese mes, así que o me devuelven el dinero por incumplimiento de contrato o me dan las prácticas”, dice. “No hubo fallos por mi parte. La compañía no ha podido decir que no diera el perfil técnico, y eso es lo que pone en el contrato como causa para rescindirlo”, argumenta. González no se arredra. “Lo que quiero es un trabajo y una vida normal con mi pareja. Hace mucho que sé quién soy”. Fuente Foto_transexual aerolínea

El director de un colegio será juzgado por vetar al hijo de una pareja gay

Cuando se presentaron como una pareja gay, no había plaza para escolarizar a su hijo. Cuando no dijeron que eran una familia homoparental, sí había una vacante en el colegio para el niño. Es, a grandes rasgos, lo que supuestamente ocurrió con el hijo de Iván Vallejo y Ricardo Lucas, una pareja que hace dos años intentó inscribir al menor, que tuvieron a través de un complicado proceso de gestación subrogada, en el colegio privado Yago School de Sevilla. El pequeño tiene ahora cinco años. El director y la responsable de admisión del centro, ambos imputados por un delito “contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución”, tendrán que ir a juicio por la negativa a escolarizar al hijo de esta pareja. Así lo han decidido los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla encargados de analizar este caso. Los jueces Ángel Márquez, Luis Gonzaga de Oro-Pulido y Pilar Llorente entienden que “se deduce indiciariamente que la negativa a la escolarización del menor fue debida a la condición sexual de los padres”. Los magistrados confirman en un auto firmado el pasado 10 de octubre que se debe celebrar el juicio contra el director del Yago School, Ramón R., y su hermana Maravillas, responsable de admisión del centro. Las defensas de ambos habían recurrido a la Audiencia la decisión de un juez de instrucción de Sevilla de abrir juicio oral contra ellos. Entre otras cosas, los imputados argumentaban que se les iba a someter a una “pena de banquillo”. “No se puede hablar de pena de banquillo (…) ante la existencia de aquellos indicios”, sostiene la Audiencia. Los magistrados resumen esos indicios en solo dos párrafos de su auto. Explican que los denunciantes se pusieron en contacto con el centro en septiembre de 2011 a través de un correo electrónico para escolarizar a su hijo al curso siguiente. Lo hicieron “sin ocultar que eran una familia homoparental”, explican los jueces. El colegio les respondió que no había plaza y que lo intentaran de nuevo un año después. En febrero de 2012, los padres volvieron a preguntar a través de otro correo. Y la respuesta fue de nuevo negativa. Los magistrados sostienen que la pareja empezó “a sospechar” que la negativa era por “su condición sexual”, al ver que a otras familias les decían que había vacantes. Así que uno de los padres se volvió a poner en contacto con la escuela, “omitiendo esta vez el dato de ser una familia homoparental”. La responsable de admisión citó entonces al padre y en esa cita, celebrada el 16 de febrero de 2012, le comunicó que sí había plazas y que las anteriores negativas se debían a un “malentendido administrativo”, siempre según el relato que hace la Audiencia. Cuatro días después, la responsable de admisión volvió a telefonear al padre para comunicarle “de nuevo que no había plazas”. Los magistrados entienden que hay indicios suficientes para deducir que la negativa se debió “a la condición sexual de los padres”. Yolanda Hervás, la abogada que defiende los intereses de la pareja, sostiene que en todo el proceso ha resultado determinante un informe de la Inspección educativa andaluza que apuntaba que el menor no había recibido “igualdad de trato en el proceso de admisión”. “Hubo diferentes versiones a los padres en relación a las plazas libres por parte de la dirección del centro cuando estos se presentaron como familia homoparental o cuando uno de ellos se personó y pidió información sin mencionarlo”, sostiene la Inspección. El centro tiene abierto un expediente sancionador, que la Junta de Andalucía ha suspendido temporalmente mientras se resuelve el caso en los t ribunales. Los centros privados, como es el caso del Yago School de Sevilla, tienen reservado el derecho de admisión. Pero este derecho nunca puede quedar por encima de la Constitución, que impide que cualquier persona pueda ser discriminada. Las defensas de los dos responsables del centro imputados pidieron el archivo de la causa a la Audiencia. En el caso del director, su letrada argumentó que su cliente nunca llegó a mantener contacto directo con los padres. Y que el ideario del colegio está “comprometido con los valores opuestos a la discriminación o segregación de cualquier tipo”. Ese ideario, expuesto en la web del centro, fue precisamente lo que hizo que los padres quisieran llevar allí a su hijo. “La teoría es buena, pero hacen una selección de sus clientes que va en contra de ese ideario”, ha dicho Ricardo Lucas a EL PAÍS. En el caso de la directora de admisión, su defensa se ha basado en que fueron los padres los que “tomaron la decisión de no formular solicitud ni hacer el ingreso en ese colegio”. Además de pedir a la Audiencia que evite “los efectos perniciosos que tiene la pena de banquillo”, el letrado de la responsable de admisión rechaza que se produjera un “acto discriminatorio”. Según su argumentación, al no haberse producido un acto formal de rechazo del menor, el delito se “difiere” de “una suposición o un juicio de intenciones futuras”. “El pensamiento no delinque”, resume el letrado, cuyos argumentos han sido rechazados por la Audiencia sevillana. Fuente Foto noticia

El 60% de las mujeres diagnosticadas de VIH en España son inmigrantes

La expansión del VIH mantiene un ritmo estable en España. “Alrededor de 4.000 nuevos diagnósticos cada año desde hace cuatro o cinco”, ha dicho Juan Carlos López-Bernaldo de Quirós, médico del servicio de infecciosas del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y, entre los afectados, los inmigrantes son el segundo grupo más numeroso. Los hombres que tienen sexo con hombres representan el 51% de los diagnósticos, según los últimos datos del Plan Nacional sobre Sida; los nacidos fuera de España representan el 38%. Por origen, los latinoamericanos son los segundos más frecuentes después de los españoles (el 18% en total). En mujeres, un 60% de las diagnosticadas son extranjeras. Con estos datos, la campaña para fomentar la prueba de la Coordinadora Estatal de VIH/Sida que se ha presentado esta mañana se centra este año en la población de origen latino. Toni Poveda, director gerente de Cesida, recalca otro aspecto: el 48% de los diagnósticos se consideran tardíos; es decir, se realizan cuando la persona ya muestra síntomas de deterioro en su sistema inmunitario. La necesidad de hacerse la prueba es clara. López-Bernaldo apunta a que de las 150.000 personas con VIH que hay en España, una quinta parte, unas 30.000, no lo saben. “Ellos son los responsables de que se mantenga la epidemia en España”, afirma. Ello se debe a que, una vez diagnosticado el VIH, las recomendaciones son que se empiece a medicar lo antes posible. Con ello se detiene la progresión del virus, se impide el daño en el sistema inmunitario, pero, además, cada vez hay más estudios que apuntan a que las personas que siguen bien el tratamiento y consiguen lo que se llama un estado de indetectables (que la concentración de virus en su sangre sea tan baja que, aunque nunca desaparece, no se detecta con un análisis sencillo) no resultan infectivas. El médico del Gregorio Marañón señaló que quizá haya que cambiar los protocolos, y ofrecer la prueba a todo el que acude al sistema sanitario. El Centro de Control de Enfermedades de EE UU (CDC) recomienda que se haga un cribado universal -hacerle la prueba a toda la población que haya tenido actividad sexual “en los últimos 70 años”- si la tasa de diagnósticos supera el uno por cada mil pruebas. “En urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid, por poner un ejemplo, la tasa es de cuatro cada mil; entre varones, del 6,8 cada mil, y en inmigrantes del 7,5 cada mil”, señaló López-Bernaldo de Quirós. Lo peor es que “no sabían que estaban infectados, y que nueve de cada diez habían acudido al sistema sanitario en los últimos dos años, y no se les había detectado”, apuntó el médico. La campaña, por eso, insiste en la conveniencia de hacerse la prueba.Y tiene un lema –tenemos derecho- que alude a un posible inconveniente: la exclusión de los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario según un real decreto de 2012. Víctor Huedo, vicepresidente de la Fundación Triángulo, señaló que “muchísimos hospitales no saben que el VIH está excluido del real decreto y están obligados a dar tratamiento” a todas las personas. Ello se debe a que el VIH (y el sida que produce) se consideran de declaración obligatoria y un problema de salud pública. Por ello, esta organización acompaña a los afectados hasta que se asegura de que les hacen la prueba y reciben tratamiento. Esta no es la solución ideal. La prueba puede hacer se en muchos sitios (ambulatorios, pero también hay muchas ONG que la ofrecen), pero al medicación solo se puede obtener en hospitales. Ello supone un problema si no se conocen los mecanismos para saltarse el control burocrático que obliga a tener una historia clínica para conseguir una cita. “En el Gregorio Marañón hemos montado un sistema para que puedan venir a hacerse la prueba y a consulta sin un número de historia clínica”, dice López-Bernaldo. Otro problema para hacerse la prueba son los miedos personales, o la sensación de “a mí no me puede pasar”, dice Cándida Álvarez Fernández en el vídeo de la campaña. “Y cualquiera que haya tenido relaciones sexuales puede estarinfectado”, dice. El mensaje es claro: por uno mismo y por los demás, lo mejor es hacerse la prueba cuanto antes. Fuente Foto_VIH

Fundación Triángulo valora positivamente la creación de un protocolo específico para la atención sanitaria de las y los transexuales.

La medida, aprobada hoy por el Gobierno de Extremadura, responde a una demanda histórica del grupo de hombres y mujeres transexuales de Fundación Triángulo en la comunidad autónoma.     El Gobierno de Extremadura ha manifestado hoy, al término de su reunión semanal, que pretende poner en marcha a través del Servicio Extremeño de Salud un protocolo específico para de esta manera mejorar la atención sanitaria de las personas transexuales. La demanda de este itinerario específico que mejore la atención sanitaria a este colectivo en la región, que presentaba algunas deficiencias, es una reclamación histórica de Fundación Triángulo Extremadura. La petición, que nace desde el propio grupo de hombres y mujeres transexuales de la entidad, consistiría en gestionar el proceso de reasignación de sexo de una manera más eficaz dentro de las propias estructuras del Servicio Extremeño de Salud, sin generación de costes adicionales y garantizando la capacitación de los profesionales. “Con unos buenos protocolos, y la designación de especialistas de referencia, evitaríamos que las personas transexuales pasasen meses consultando a diversos profesionales, para ser claramente atendidos por los especialistas. Evitamos que en una situación personal tan delicada las personas tengan que dar vueltas hasta encontrar la atención que precisan. Siempre hemos defendido la necesidad de contar con especialistas de alta capacitación y sensibilidad, como algunos de los que ya trabajan con las personas transexuales en Extremadura” ha declarado Hugo Alonso, coordinador del Grupo de Personas Transexuales de Fundación Triángulo, “Seguiremos trabajando para la correcta materialización de la medida, que sin duda alguna hoy nos llena de satisfacción” “La noticia es estupenda y felicitamos al gobierno regional por dar este necesario paso adelante. Confiamos poder definir en breve el itinerario junto al SES y los interesados, sin olvidar nunca que estos nuevos protocolos deben ir acompañados de necesaria asistencia emocional y social, que como ya planteamos a la Junta y al SES, debería materializarse con la creación de un punto de atención emocional a personas transexuales, que atenderían por completo las demandas del colectivo”, según José María Núñez Blanco, Presidente de Fundación Triángulo. FuenteNuevos_motivos_orgullo_gay_Nueva_Delhi

La ley contra la homofobia aprobada en el Parlamento catalán, en 6 claves

Euforia y emoción del colectivo de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) hoy en el Parlament de Catalunya. Una amplia mayoría de la cámara catalana ha aprobado la Ley contra la homofobia, que tiene como objetivo combatir la discriminación contra los homosexuales y los transexuales. En el pleno celebrado esta mañana, el Parlament, ante la presencia de colectivos y entidades del movimiento LGBT, ha dado luz verde a la norma (112 votos a favor y 18 en contra), sólo con los votos negativos del PP y, en algunos artículos, de UDC. Analizamos esta ley, pionera en el Estado y en Europa, en seis claves: 1. El régimen sancionador y la inversión de la prueba, puntos fuertes de la ley. Dos son los principales pilares de la norma aprobada hoy: la inversión de la prueba -o reversión de la carga- y el régimen sancionador. Según la plataforma LGTBcat, la inversión de la prueba “es muy importante” en los casos de discriminación en que a menudo, explican, es muy difícil reunir pruebas, y que implica que sea la persona presuntamente discriminadora la que tenga que probar que no ha discriminado. Este matiz es el que más preocupa a sectores conservadores. Según los obispos “es peligroso” que tenga que ser el acusado quien demuestre su inocencia, al revés de lo habitual, que es el acusador quien debe demostrar la culpabilidad. En cuanto al régimen sancionador, Eugeni Rodríguez, portavoz del Frente de Liberación Gay de Catalunya (FAGC), explica que es imprescindible que la ley contemple herramientas y mecanismos que penalicen seriamente las discriminaciones, como es el caso de un estricto régimen sancionador como herramienta para erradicar la violencia homófoba. 2. Una ley pionera en el marco internacional. en día, la homosexualidad se persigue en 77 países del mundo y, con esta norma, Cataluña –junto con Argentina- se pone al frente de la lucha por la erradicación de la homofobia, la transfobia y la lesbofobia. En el caso catalán el ordenamiento obligará a los poderes públicos a dejarse asesorar por el Consejo Nacional de las personas LGBT, que pasa a ser un órgano participativo y consultivo permanente. El Govern deberá dotarse de un órgano coordinador de las políticas LGBT y ofrecer un servicio de atención integral. Deberá garantizar, además, la formación y la sensibilización de los profesionales y de los trabajadores de la administración. La ley incide especialmente en los ámbitos de la educación, las universidades, la cultura, el ocio y el deporte, los medios de comunicación, la salud, la acción social, el orden público, los establecimientos penitenciarios, el mundo laboral y las políticas de familia. Los impulsores de la plataforma, sostienen que la norma “es pionera en el Estado y en Europa” y que con su aprobación se culmina una larga reivindicación. Cabe decir, sin embargo, que el pasado abril, Galicia ya aprobó una ley contra la LGTBfòbia también pionera en el Estado, pese a que el PP rebajó en gran parte sus aspiraciones. También hay que mencionar el caso andaluz, donde en julio pasado se aprobaba una medida que reconoce el derecho de las personas a la libre autodeterminación de su género. En palabras del portavoz de LGTBcat, Eugeni Rodríguez, la normativa catalana supone una “reparación histórica” para un colectivo que ha sufrido violencia durante muchos años en todo el mundo. 3. Presión incansable del movimiento LGTBcat. La aprobación de la norma no hubiera sido posible sin la presión incondicional del colectivo de LGBT –el acrónimo empleado para referirse colectivamente a las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y transexuales- que lleva años remando para aprobar esta normativa. Las diferentes entidades impulsoras sostienen que con esta nueva legislación se avanzará decisivamente en garantía los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y que erradicará definitivamente la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. El origen de la reivindicación de esta ley nació hace más de cuatro años. Después de los trabajos de redacción y de un largo proceso participativo, en el año 2010 fue presentada y aprobada en el marco del Consejo Nacional LGTB. Pero no fue hasta mayo de 2013 cuando se registró en el Parlament. Hace algo más de un año, el 17 de julio de 2013, se votó el acceso a trámite, ya entonces con la enmienda a la totalidad del PPC. El recurso los populares en verano sólo ha podido retrasar una conquista que suscita un amplio consenso en la cámara. La normativa aprobada ahora llegó a la cámara a través de una iniciativa legislativa popular y fue presentada conjuntamente por ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP. 4. Intentos de obstrucción del PP Antes del verano, cuando los años de lucha del colectivo LGTB albiraban ya un final feliz, un recurso de última hora presentado por el Partido Popular de Catalunya (PPC) ha impidió que el Parlament completara el último trámite para aprobar definitivamente la ley contra la homofobia. Una amplia mayoría de la cámara -ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s, CUP y CDC- había dado luz verde a un texto que significaba un paso fundamental para la igualdad de derechos que reivindica incansablemente el colectivo LGTB, principal impulsor de la ley. El PPC, junto con UDC, se posicionaron en contra y llevaron la proposición de ley al Consejo de Garantías Estatutarias. 5. La huella de los obispos Los obispos catalanes no han estado al margen de la medida. Ese mismo año mostraron su preocupación por el proyecto de ley en un comunicado público. La Iglesia católica, que no se pronuncia sobre la mayoría de leyes aprobadas por el Parlament, había expresado su “preocupación” por un proyecto de ley en trámite en la cámara catalana. En un comunicado, los obispos expresaban su “preocupación” por un proyecto que consideran “muy desacertado, tal como está redactado, por las graves consecuencias que puede tener en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia los ciudadanos de Catalunya”. 6. La doble alma de CiU Hoy en el Parlament los democristianos se han distanciado de nuevo de Convergència por discrepancias con el régimen sancionador, el apartado de educación y inversión de la prueba de carga, lo que supone que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Si la cuestión soberanista ha sido la divergencia más mediática entre los partidos que forman la coalición nacionalista, la cuestión de género es aún más esencial. Conscientes de esta enésima contradicción interna, el portavoz del CiU en el Parlament, Jordi Turull, había quitado importancia a que CDC y UDC votaran diferente en hasta tres artículos de la ley que son aspectos nucleares, tales como el régimen sancionador y la reversión de la carga. “En algunos temas hay un criterio diferente y nos lo hemos respetado”, dijo Turull. Fuente cataluña
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